Ley de extinción de dominio 12 años después

Por:

Altagracia Salazar


Opinión.- Dio mucha brega aprobar la ley de extinción de dominio porque los que ya habían robado querían ser excluidos y los que planeaban robar querían ser protegidos. Así de simple.


12 años después de que fueran establecidos en la constitución los juicios de extinción de dominio pueden formalizarse. Antes y ahora, igual que la ley de lavado, la extinción de dominio es una imposición al tigueraje político dominicano que quisiera prevalecer suelto en la sabana.


Los honorables miembros del congreso barajaron la legislación cuanto pudieron y tras el compromiso del presidente en la celebración de la independencia de los Estados Unidos se montaron en un tren rápido que culminó con sesiones extraordinarias en ambas cámaras. Algo le soplaron al oído de los legislares para después de barajar dos años de este congreso conocer la ley en un mes.


Los entendidos dicen que es la ley posible y los ultranacionalistas socios de la corrupción que es una imposición de Gringolandia. Es probable que ambos tengan la razón.


La sociedad dominicana ha dado grandes pasos en los últimos cinco años en el camino de enfrentar la corrupción del aparato político y sus socios del delito común. Debo recordar en este momento que hay varios legisladores sometidos a la justicia por distintos delitos y que esos legisladores tienen el divino privilegio de legislar en su propio beneficio, aunque la formalidad de la ley lo impida.


Riferos, lavadores y socios del narcotráfico que tienen uniformes de legisladores tienen ahora sus barbas en remojo.


Esta ley no resolverá de golpe y porrazo el tema del enriquecimiento ilícito hay muchas cosas que pueden detenerse con las argucias legales de un tribunal, pero la colaboración gringa expresada ayer en un escueto comunicado de Instagram debe suponer una advertencia ante la debilidad del Estado Dominicano.


La aprobación de la ley coincidió con el envío a juicio de fondo de los funcionarios de la lotería nacional imputados de un fraude de 500 milloncitos, que ya 500 millones es poco en RD. Una figura nueva tiene impacto en este caso y hay que asociarla a la aprobación de la ley y es el grupo de abogados para la recuperación de bienes del estado.


No hacen mucho ruido, pero están trabajando como dicen las telefónicas. 35 abogados fueron contratados el año pasado para eso para recuperar bienes públicos. Yo no sé de derecho, pero estoy segura de que si el gobierno les contrató y ellos aceptaron el contrato es porque recuperar lo robado es posible incluso sin la famosa ley que hoy saludamos. Señalamos esto para que quede claro que lo más importante en la voluntad política y que es evidente que esa voluntad existe.

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