Por:
Altagracia Salazar
Opinión.- El viernes primero de julio les dije que habría ley de extinción de dominio y nueva ley de compras y contrataciones porque escuché los discursos del encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos Robert Thomas y del presidente de la República, Luis Abinader en la recepción conmemorativa del 3 de julio.
No hay que ser de la NASA para entender que lo dicho en ese escenario compromete y que no por casualidad se decidió plantearlo ahí. La ley de extinción de dominio tiene muchos adversarios.
Hay una parte de la población que cree que está orientada de manera exclusiva a recuperar los bienes ilícitos provenientes de la corrupción política o del robo al erario, pero no es así. La ley incluye a empresarios. Por eso el grito de ANJE y de otros sectores aliados al gran empresariado sobre la seguridad jurídica. Los ricos dominicanos no están acostumbrados a que se les toque.
Siempre se han servido con la cuchara grande y quienes no tenemos posibilidad de negociar solo nos quedan las lamentaciones frente a las decisiones para favorecerles. Quiero ponerles un ejemplo para que se entienda.
Hoy la gente está al grito por la tarifa eléctrica con un alza promedio de un 48 por ciento.
Se han combinado el alza de los combustibles a nivel mundial con el desmonte de los subsidios establecido en el pacto eléctrico.
Ustedes no han escuchado una sola protesta de un gremio empresarial por la electricidad. Las únicas disidencias que recuerdo las planteó el senador Antonio Taveras, que sabe para qué es un senador, aunque sus votantes no lo entiendan y la profesora Maritza Ruiz como representante del sector social. Nadie más gritó y los empresarios estaban y están felices porque les conviene. Se firmó rápidamente el pacto eléctrico, pero no el pacto fiscal que les podría perjudicar a pesar de que ambos están la estrategia nacional de desarrollo. Otro ejemplo de hoy.
El Colegio de cirujanos plantea un paro que afectará a mucha gente porque las ARS no actualizan su catálogo de servicios y no bloquean las nuevas tecnologías que son más seguras para los usuarios.
Eso nadie lo enfrenta porque beneficia a los tres grupos de ricos que maneja el negocio de la salud.
Como ven los ricos dominicanos no saben perder porque nunca han perdido. Ni en este gobierno ni en ningún otro.
El presidente de la Cámara de Diputados ha convocado a cuatro sesiones esta semana, una de ellas extraordinaria y aunque no lo dice es obvio que se trata del compromiso de aprobar la susodicha ley.
Todavía puede modificarse y en ese caso será devuelta al senado.
De ser aprobada como está ya sabemos que será recurrida en el constitucional donde tendrán que hilar fino para no enseñar el refajo.
Ese tribunal que validó la desnacionalización de los hijos de haitianos hasta el 1930 reconoció 80 años de retroactividad. Si algo ha revelado el caso Medusa y otros es que en RD hay mucha riqueza espuria validada por los años y por la exposición social.
La sociedad demanda una ley que quede a prueba de agua, sol y sereno.
De seguro que quienes no pueden justificar lo que tienen quieren otra cosa.
