MEDUSA NO SERÁ ODEBRECHT NI TUCANO

Por:

Altagracia Salazar


Opinión.- Hace 9 años un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a 20 años a un guachimán que cuidaba la villa de un ex senador en la que se encontró un alijo de 142 kilos de cocaína. El hijo del viejo legislador se había entregado a la DNCD que le imputaba la responsabilidad del tráfico de estupefacientes.


El caso llegó a un tribunal y el ministerio público macorisano se anotó el éxito de condenar al guardián que estaba en la puerta en el exterior de la villa. Años después familiares del preso se comunicaron conmigo para denunciar que al condenado no le habían cumplido. Ayer en el otro Macorís, San Francisco un preso se regó porque tiene tres días tras las rejas por robarse una matica.


El preso de San Francisco de Macorís se robó unas orquídeas y la dueña logró que lo llevarán a prisión cosa que no entiende porque además devolvió las maticas por falta de mercado. Todo el que roba es ladrón y todo el que trafica es traficante, pero en el sistema de impunidad de la República Dominicana no había funcionado así y el ministerio público con una vocación politizada tenía toda la responsabilidad en ese desorden.


En su famosa carta a Joaquín Balaguer en 1993 la hoy procuradora Miriam Germán explica claramente lo que vive un juez frente a esa cultura “Sólo cuente con mi sentencia condenatoria, cuando el Ministerio Público cumpla su obligación de probar y los que investigan dejen de acomodar expedientes para después rasgarse las vestiduras. Los principios son para ser aplicados independientemente de la valoración que nos merezca el eventual beneficiario”.


Recupero la frase de la magistrada Germán hoy que se ha conocido el texto de la sentencia en el caso de los tucanos y que las juezas dicen claramente que el ministerio público no presentó las pruebas suficientes contra los acusados porque había responsabilidades que fueron excluidas.


Dicen que la persona a convencer era al presidente de la República (Leonel Fernández) para la firma del contrato; sin embargo, “quien tenía la facultad legal de presentar el proyecto al presidente, si lo entendía pertinente; no era Peña Antonio como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, si no que jerárquicamente hablando le correspondía al Secretario de las Fuerzas Armadas de entonces”.


Asimismo, establecen que, conforme a la Constitución, luego de que el presidente manifestará interés en la compra, Peña Antonio como autor del delito, necesitaba la voluntad del Congreso para que aprobara la decisión del presidente de comprar los aviones Súper Tucano.


Lo que dicen las juezas es que no pueden condenar al guachimán y dejar suelto al dueño de la villa. La sentencia de las juezas desnuda la acción del ministerio público, liderado por el hoy preso Jean Alain Rodríguez que trabajó para eso, para que el caso quedara en el limbo y los 3.5 millones de dólares pagados por Embraer vayan al olvido de quienes lo pagamos.


Porque no los pagó Embraer lo pagó cada dominicano de sus impuestos. Ayer una colega vinculada al ex procurador dijo que la acusación contra el ex funcionario era un libelo de más de 12 mil páginas. Es evidente que ella no ha puesto los ojos en el documento que en más de un 70% son pruebas documentales y periciales.


Hay gente soñando con el momento en que se condenaba al guachimán ese tiempo está pasando y está de nosotros que no regrese.

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